Gustavo Jalkh y cuatro vocales del Consejo de la Judicatura se adelantan a decisión del Cpccs de cesarlos

Gustavo Jalkh dio el lunes, 11 de junio del 2018, su “última” rueda de prensa como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Adelantó que espera que entre el 12 y 13 de junio se ratifique su cesación y dejará el cargo junto a los cuatro vocales de la institución.

Sus cálculos se basan en el cronograma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio. Hoy el Pleno de esa entidad se reunirá de manera reservada para analizar la impugnación presentada por el CJ, al cese que se determinó la semana pasada con base en la evaluación.

Los consejeros recibieron esa documentación el 8 de junio y dedicaron el fin de semana para estudiarla, de forma individual. Hoy, en cambio, los funcionarios analizarán la contestación que emitirán de manera colectiva. La votación se realizará públicamente mañana, en la sesión del Pleno.

En caso de que la decisión sea la ratificación de la sanción no quedará ninguna otra instancia y los consejeros de la Judicatura tendrán que abandonar de inmediato el cargo.

El Cpccs podrá disponer el encargo de esos puestos a cualquier ciudadano hasta que se realice la designación formal.

Mientras no se resuelva la impugnación, los integrantes del transitorio resolvieron no tener apariciones en los medios de comunicación para evitar anticipar criterios.

Darwin Seraquive, secretario de la institución, actuó el lunes como vocero, pero prefirió no pronunciarse sobre la forma en la cual quedará el Consejo de la Judicatura en el caso de que la cesación se mantenga.

Hasta el momento, la única opción que se ha manifestado públicamente proviene del consejero Luis Macas. Él considera que se debe nombrar un director administrativo encargado para que la institución trabaje normalmente.

La impugnación del CJ se hizo a cinco temas que constan en el informe de la evaluación. Estos son: el conflicto de intereses, los concursos de designación de jueces, fiscales y notarios, la designación del fiscal subrogante, la aplicación del error inexcusable y un supuesto ‘hackeo’ al sistema judicial.

Jalkh indicó que es un análisis subjetivo resolver el incumplimiento de funciones de acuerdo con sus cargos anteriores en el sector público.

El Cpccs determinó la ilegitimidad de su cargo en la Judicatura porque carecía de independencia, dado su historial como secretario particular del expresidente Rafael Correa y exministro de varias carteras de Estado durante esa administración gubernamental.

Además, las autoridades de la Judicatura hicieron ayer una rendición de cuentas de su gestión, a manera de despedida. Informaron por ejemplo que la congestión judicial se redujo del 4% al 1,6%, desde el 2012. “No hay que ser Mandrake para saber que la resolución está tomada hace mucho tiempo”, señaló el funcionario.

Juicio vuelve a la Mesa

Pese a que los integrantes del Consejo de la Judicatura dan por hecha su cesación por parte del Cpccs, en la Asamblea Nacional el juicio político en su contra dio ayer un giro.

El viernes, en la Comisión de Fiscalización se presentó un informe que recomendaba que el juicio se concretara en el Pleno: para los cinco vocales titulares -incluido Jalkh- y una suplente.

Sin embargo, no existió el número necesario de votos para recomendar el juicio o para archivarlo y se resolvió enviar el caso a Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, para que resolviera qué procede. Ella dispuso ayer que se convoque de inmediato para que la Comisión reconsidere la votación sobre el informe.

Jalkh indicó el 11 de junio que sería ilegal que se vuelva a tomar votación porque los plazos se cumplieron y la Comisión ya terminó la fase de sustanciación de la solicitud de juicio, es decir, que debe archivarse.

En la primera sesión estuvieron presentes 11 de 12 asambleístas que forman parte de la Mesa. Seis votaron a favor de que el juicio se concrete en el Pleno y cinco se abstuvieron.

Por esta razón, toma relevancia la votación de Karla Cadena (Alianza País), quien no estuvo en la primera cita. Si ella apoya el proceso en la reconsideración, habrá una mayoría y se dará paso a la interpelación.

Esteban Bernal, asambleísta por Creo y proponente del juicio, se dirigió a Cadena a través de Twitter: “Solo usted puede darle viabilidad jurídica y ética al proceso de fiscalización. Tiene una oportunidad histórica con el país al permitir que el juicio se apruebe”, escribió.

A él se sumó el abogado Hernán Ulloa, quien trabajó como asesor externo de los proponentes en el juicio: “Asambleísta, usted me dijo personalmente que estaba consciente de los abusos del CJ y que Portoviejo no tiene ni Corte”, mencionó.

La legisladora respondió que la Comisión debe observar y regirse a los plazos y términos que da la Ley y que su posición será acorde con esos plazos.

Aunque Bernal adelantó que si la reconsideración no pasa, el Pleno podría tomar una decisión. La Ley no determina el proceso para estos casos.

La presidenta de la Mesa legislativa, María José Carrión, aún no ha convocado a la sesión para la reconsideración. Este proceso de fiscalización depende también del Consejo transitorio. Si mañana se concreta la cesación del CJ, el juicio político perdería la facultad de destituir a los funcionarios y podrá únicamente censurarlos políticamente.

Fuente: El Comercio